Informe de ONAMIAP a Relator de la ONU: el Estado vulnera nuestro derecho fundamental al agua

El Relator Especial de Naciones Unidas de Derechos Humanos al Agua y Saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, visita el Perú. En ese marco, ONAMIAP le ha remitido un informe sobre la situación de los pueblos y las mujeres indígenas en relación con estos derechos, así como las acciones que desarrollamos con nuestras bases organizativas para el cuidado del agua. Para ampliar este informe, nos reuniremos hoy con este funcionario internacional.

En el informe denunciamos que los pueblos y las mujeres indígenas en el Perú vivimos permanentemente amenazados por el accionar de las empresas y del propio Estado, que no respetan nuestros derechos como sujetos colectivos. El Estado nos despoja de nuestros territorios ancestrales, incluidas nuestras fuentes de agua, para favorecer actividades extractivas y de infraestructura. Ello facilita la presencia de terceros que impactan negativamente en nuestra forma de vida e integridad, individual y colectiva, nuestros territorios ancestrales y otros derechos. Esto se agrava con la falta reconocimiento jurídico de nuestros pueblos.

En el Perú la titulación de los territorios colectivos no asegura la libre administración de las fuentes de agua que los pueblos han utilizado ancestralmente. Por el contrario, expresamente los títulos colectivos otorgados excluyen los ríos, lagunas, lagos que se encuentran dentro de los territorios ancestrales. Esa regulación interna contraviene abiertamente los estándares internacionales de los derechos de los pueblos indígenas y vulnera nuestra relación espiritual con nuestros territorios y recursos hídricos.

En la práctica, el agua es privatizada: la Autoridad Nacional del Agua o la Autoridad Local del Agua otorgan licencias de uso de agua individuales, que se utilizan para actividades ajenas a los fines de la comunidad. Y cuando las comunidades reclaman continuar con el uso ancestral de la fuente de agua, estos terceros ponen precio para la utilización del recurso hídrico. Estas licencias son otorgadas también a empresas mineras, las que bloquean el acceso a nuestras fuentes de agua, además de contaminarlas y privarnos de un bien esencial para nuestras actividades de sobrevivencia. Este otorgamiento de licencias no es sometido a la consulta y consentimiento de los pueblos indígenas afectados, como establecen el Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales de los cuales el Perú es Estado parte.

Frente a esta vulneración sistemática de nuestros derechos, los pueblos y mujeres indígenas para la protección de nuestra vida e integridad colectiva hemos tomado decisiones jurisdiccionales impidiendo el ingreso de terceros dentro de nuestros territorios. Ello lo hemos realizado poniendo por ejemplo tranqueras, sogas cercas u otros mecanismos que bloquean los accesos a nuestros territorios. También, detenemos, incautamos bienes de los intrusos que ingresan sin nuestra autorización a nuestros territorios integrales ancestrales; controlamos y registramos nuestras fuentes de agua para impedir su destrucción, contaminación o despojo.

Además, desde nuestra sabiduría ancestral, desarrollamos prácticas de siembra y cosecha de agua.  Por ejemplo, actualmente, nuestra base organizativa, la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Asháninkas de la Selva Central -OMIAAASEC viene identificando, marcando y registrando, los ojos de agua dentro de sus territorios integrales ancestrales, con la finalidad de recuperar, proteger y defender nuestras fuentes de agua contra quienes buscan tocarla, enfermarla, dañarla o destruirla. Sembramos agua, sembramos vida, sembramos resistencia.