La represión y criminalización de la dictadura se ensaña con los pueblos indígenas

La estrategia represiva de la dictadura utilizando el “terruqueo” para desmovilizar y quedarse con el poder quedó demostrada ayer con el allanamiento perpetrado al local de la Confederación Campesina del Perú (CCP), que tuvo el claro propósito de criminalizar a las personas que se albergaban allí. Fue una detención arbitraria e ilegal y se sembraron “pruebas”.

En ningún momento se respetó el debido proceso, los fiscales llegaron tres horas después de iniciado el operativo. Tampoco el derecho a la defensa, porque durante varias horas no se dejó ingresar a los abogados ni se garantizó intérpretes, pese a que había muchas personas indígenas quechuahablantes. Incluso impidieron el ingreso de congresistas.

Si salieron después de quince horas de secuestro fue por la respuesta popular. Pero este caso no ha terminado, han sido citadas a la DIRCOTE. Solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que enviará una misión a nuestro país los días 19 al 21 de diciembre, prestar especial atención a este caso, que se suma a los 25 asesinatos, cientos de detenciones y torturas.

Le pedimos especial atención porque en la política represiva de la dictadura hay un ensañamiento con la vida y la integridad de los pueblos indígenas, los asesinatos se han cometido en regiones donde la mayor parte de la población es indígena. La CCP es una de las organizaciones indígenas nacionales reconocidas por el Estado. Nos solidarizamos con ella y con las personas que fueron secuestradas por la DIRCOTE.

¡Seguimos en movilización permanente! ¡Abajo la dictadura! ¡Basta de represión y criminalización! ¡Levantamiento del estado de emergencia!