Responsabilidad criminal alcanza a quienes disparan y a quienes dan las órdenes

La policía y las fuerzas armadas están haciendo un “uso desproporcional, ilegal y abusivo” de armas letales y no letales, prohibidas por el derecho internacional en caso de manifestaciones, con un alto componente de discriminación racial contra personas indígenas. Son crímenes cuya responsabilidad alcanza no solo a quienes hicieron los disparos sino a quienes dieron la orden. Esto puede configurar como ejecución extrajudicial y las responsabilidades llegan al más alto nivel.

Estas son, en síntesis, las principales conclusiones de los hallazgos iniciales del equipo de respuesta a crisis de Amnistía Internacional (AI), que visita el Perú desde el 9 de enero, el cual recorrió Apurímac y Ayacucho, donde recogió testimonios de familiares de las víctimas y testigos de la represión, además de entrevistar a fiscales y otras autoridades.

Estas conclusiones confirman lo que ONAMIAP ha venido denunciando desde que la dictadura cívico-militar-empresarial se instaló en el país. AI subrayó también que el mayor número de asesinatos se han perpetrado en las regiones con mayor porcentaje de población indígena, en el sur andino. Sus representantes lamentaron no haber podido viajar a Puno.

Señalaron que se trata de pueblos a los que históricamente el sistema no respeta sus derechos humanos, que han estado sometidos a una opresión constante y a los que se estigmatiza como terroristas. Y que todo ello profundiza el racismo estructural del Estado.

Se refirieron además a que hay más de 1200 heridos producto del ataque generalizado de las “fuerzas del orden” contra las movilizaciones y bloqueos. Entre las personas heridas hay niños, niñas y adolescentes, muchos de los cuales ni siquiera participaban en las manifestaciones y múltiples casos de gravedad. Anotaron que incluso el uso de perdigones es cuestionado por las normas internacionales. AI ha comprobado, al examinar las autopsias, que los disparos fueron hechos directamente al tórax y la cabeza.

Otra de sus preocupaciones es la criminalización del derecho a la protesta, esto es el uso del sistema judicial contra quienes se movilizan y quienes se solidarizan con ellos, detenciones arbitrarias y maltrato a las personas detenidas, con el objetivo de castigar y asustar para detener las manifestaciones. Pusieron como ejemplo el ilegal allanamiento a la Ciudad Universitaria de San Marcos. “Se criminaliza la solidaridad”, advirtieron.

Frente a todo ello, agregaron, a más de dos meses de iniciada esta criminal represión, las investigaciones no avanzan. El Ministerio Público no ha recogido las evidencias (balas, casquillos, etc.) ni en Ayacucho ni en Andahuaylas. La policía y el ejército tampoco entregan evidencias.

En la conferencia de prensa participaron representantes de asociaciones de víctimas de Ayacucho y Apurímac, quienes exigieron justicia. ¡No a la impunidad!