EL ESTADO PERUANO ES RESPONSABLE DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Human Rights Watch presenta informe sobre los crímenes de la dictadura

“La evidencia muestra que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) hicieron un uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes y transeúntes, en clara violación del derecho internacional. La gran mayoría de las víctimas mortales falleció por heridas de bala causadas por fusiles de asalto y pistolas. El informe también concluye que, en algunos lugares, la policía disparó perdigones de plomo contra los manifestantes, prohibidos por las normas internas de la policía”.

La organización Internacional Human Rights Watch confirma así las denuncias de la criminal represión desatada por la dictadura cívico-militar empresarial en el Perú, en un informe de 107 páginas publicado el 26 de abril, que con el título de Deterioro Letal. Abusos de las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú describe no solo los asesinatos sino también detenciones arbitrarias y abusos contra las personas detenidas, además de la estigmatización como “terroristas” a las personas manifestantes.

“Es probable -dice el informe- que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable”.

Entre sus recomendaciones, Human Rights Watch expresa: “El gobierno peruano debería invitar a una comisión independiente de expertos internacionales y concederle acceso a la información gubernamental y a los expedientes de los casos para apoyar las investigaciones en curso y elaborar un informe sobre la crisis actual y las violaciones de los derechos humanos, de forma complementaria a las investigaciones penales existentes. La comisión debería investigar los factores que condujeron a la crisis, las causas de las protestas, los actos de violencia cometidos en el contexto de las protestas y los abusos de las fuerzas de seguridad”.

Son cada vez más las organizaciones internacionales que confirman que la dictadura instaurada en diciembre de 2022 en el Perú asesina, criminaliza y estigmatiza, principalmente a personas de origen indígena, lo que prueba el componente racista de su represión. “Estos homicidios y lesiones (se cometieron) en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, impunidad por abusos cometidos en el pasado y persistente marginación de la población rural e indígena peruana”.

Fotografía: © 2023 Juan Carlos Cisneros/AFP via Getty Images

El informe completo aquí: https://www.hrw.org/es/report/2023/04/26/deterioro-letal/abusos-por-las-fuerzas-de-seguridad-y-crisis-democratica-en-el