Resistencias cotidianas de las mujeres indígenas amazónicas: Violencias, deforestación y desigualdades en Ucayali

Las mujeres indígenas amazónicas forman parte de las poblaciones más empobrecidas del Perú. Lejos de la ciudad, en comunidades entre bosques y ríos, se enfrentan diariamente a múltiples violencias, como la falta de acceso a agua potable, la deforestación y las desigualdades que son producto del sistema económico capitalista, así como el machismo arraigado estructuralmente. 

Frente a todo este contexto, continúan resistiendo y realizan un trabajo esencial para el sostenimiento de sus comunidades, ya que desempeñan roles claves en el cuidado de  sus familias, la crianza de sus hijos, las labores agrícolas, enfrentar la falta de servicios básicos, proteger el medio ambiente y preservar los saberes ancestrales vinculados a la medicina tradicional, la economía, la alimentación, el arte indígena, entre otros. Este trabajo muchas veces no es reconocido ni valorado en su justa medida.

En la región Ucayali se ubican los territorios ancestrales de 17 pueblos indígenas: Amahuaca, Asháninka, Ashéninka, Awajún, Cashinahua (Huni Kuin), Iskonawa, Kakataibo, Kichwa, Nahua, Matsigenka, Mastanahua, Marinahua, Madija, Sharanahua, Shipibo Konibo,Yine y Yaminahua. Los de mayor población son los pueblos Shipibo Konibo, Asháninka y Ashéninka. La población indígena total alcanza 69,426 personas, de las cuales el 51.90% son mujeres. Estos pueblos están organizados en 470 comunidades indígenas, según el Censo Nacional de Población, Vivienda y Comunidades Indígenas del 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Una de las mayores dificultades a las que se enfrentan las mujeres indígenas amazónicas en Ucayali es la falta de acceso a agua potable. Según datos de la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad, de las 16,468 viviendas en las comunidades nativas, 14,991 no cuentan con acceso a agua potable. Esto quiere decir que en el 91.03% de viviendas, las mujeres tienen que llevar baldes de agua desde los ríos hasta sus casas para lavar, cocinar, bañarse y beber, cargando en sus cabezas entre 20 y 30 litros mientras recorren largas distancias o llenar agua en los pozos, que solo tienen agua durante la temporada de lluvias. 

Esto afecta su salud y calidad de vida, pues el acceso limitado a agua potable dificulta la higiene personal y tiene repercusiones en la salud. Según la Organización Panamericana de la Salud, el saneamiento deficiente y el agua contaminada están relacionadas con la transmisión de enfermedades como el cólera, la hepatitis A, la diarrea y otras enfermedades gastrointestinales. La falta de acceso a este servicio perpetúa también la desigualdad de género, ya que a menudo son las mujeres quienes tienen la responsabilidad de recolectar agua para el consumo y uso doméstico.

Es importante tener en cuenta que las mujeres indígenas experimentan de manera diferenciada el impacto de las distintas problemáticas. Tal como se evidencia en la falta de acceso a agua potable, la violencia territorial diferenciada también se manifiesta en la deforestación. La tala tanto legal como la ilegal impacta de manera significativa en las mujeres indígenas pues dependen del bosque para su subsistencia, el bosque es su mercado, su farmacia y su ferretería. La destrucción de su hábitat afecta su capacidad de obtener alimentos, medicinas y materiales para sus artesanías, y también su cosmovisión y formas de vida tradicionales. 

El sistema capitalista, al priorizar la obtención de beneficios económicos a expensas de los bienes naturales, agrava la deforestación y la explotación de bienes naturales en la Amazonía peruana, lo cual resulta en la degradación del medio ambiente y la pérdida de territorios ancestrales de los pueblos indígenas. En la región Ucayali, desde el 2002 hasta 2021, se han perdido 480 mil hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa el 71% de su cobertura arbórea (Global Forest Watch). 

El Estado tiene la responsabilidad de garantizar los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, por lo tanto tiene la obligación de garantizar sus derechos territoriales. Sin embargo, el 34% de las comunidades en esta región no cuentan con título y no reciben la categoría de comunidad nativa, y son denominadas como “Localidad sin tipo identificado” por la Dirección Regional de Agricultura – DRA. Aunque la otorgación del título comunal es parte de la seguridad jurídica de los territorios, es importante reconocer que las comunidades indígenas son partes integrales del territorio ancestral y no meramente una porción del mismo. 

Otra de las múltiples violencias que viven las mujeres indígenas es la violencia económica, que se produce cuando se desconoce su aporte a la economía del hogar con su trabajo no remunerado. En el sistema capitalista se invisibiliza y no se valora el trabajo del hogar realizado por las mujeres, como la gestión del hogar, la crianza de los hijos, y la agricultura. Esto perpetúa las brechas socioeconómicas, las desigualdades agravadas por los roles de género y la dependencia económica. 

Esta desigualdad de género también se manifiesta en la violencia machista que enfrentan por el hecho de que el hombre es quien provee económicamente el hogar, violencia que se manifiesta en el maltrato verbal, físico y sexual, principalmente. La falta de acceso a servicios de atención médica y justicia dificulta aún más la capacidad de estas mujeres para denunciar y enfrentar la violencia basada en género. Según la base de datos de pueblos indígenas u originarios (BDPI) del Viceministerio de Interculturalidad, el 89.79% de las comunidades indígenas en Ucayali no cuenta con un centro de salud. 

Frente a todas estas adversidades, las mujeres indígenas amazónicas en Ucayali, a través de sus saberes ancestrales, sus liderazgos colectivos y su capacidad de organización, defienden sus territorios, su cultura y sus derechos. Luchan por el reconocimiento y respeto a sus derechos territoriales, acceso a servicios básicos como agua potable, salud y electricidad, mejoras en sus condiciones de trabajo y remuneración justa, y la eliminación de la violencia de género de sus comunidades.

El Estado peruano tiene la responsabilidad de tomar medidas concretas y efectivas para abordar estas problemáticas y promover políticas públicas que incluyan de manera activa y significativa la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones. Esto debe incluir la adopción e implementación de mecanismos de protección específicos, tales como la creación de programas de atención y prevención de la violencia de género dirigidos a mujeres indígenas, la promoción de espacios seguros y accesibles para denunciar y abordar la violencia de género en comunidades indígenas, la capacitación de funcionarios públicos en temas de género y derechos indígenas, y la promoción de la participación activa de las mujeres indígenas en la elaboración y seguimiento de políticas y programas que las afecten. 

Estos mecanismos de protección deben estar en concordancia con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establecen los derechos y garantías para los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a la no discriminación, el derecho a la consulta y participación, y el derecho a mantener y desarrollar su cultura y territorio. 

Es importante que estos mecanismos de protección sean diseñados de manera culturalmente adecuada, respetando la cosmovisión y las necesidades específicas de las mujeres indígenas, que sean implementados de manera efectiva y sostenible, en consulta y colaboración con las comunidades indígenas y organizaciones representativas de mujeres indígenas. 

No sólo en su diseño: es fundamental que en la práctica se consideren, sobre todo, los factores geográficos y de idioma, pues de nada sirve que existan las instituciones o que haya más mecanismos de protección/denuncia si hay distancias de varias horas que cubrir entre las comunidades y las ciudades, así como documentos técnicos y legales complejos, lo que torna más complicado que las mujeres indígenas puedan acceder a servicios/documentos públicos o a mecanismos para defender sus territorios y sus derechos.