UN NUEVO PLAN CÓNDOR NOS ACECHA DESDE LAS ALTURAS DEL PODER

La memoria, la verdad y la justicia frente al miedo.

Publicación para Informadas.pe

La dictadura cívico-militar y su brazo político los medios de comunicación buscan posicionar en el debate nacional la bukelización como política estatal para enfrentar la delincuencia. Las alianzas golpistas y antiderechos de las mujeres personificados en el ultraconservador alcalde de Lima Rafael López Aliaga busca promover la implementación del “plan Bukele”. El objetivo es claro: relativizar aún más los derechos humanos, porque cuando el miedo entra por la puerta, los derechos salen por la ventana.

El plan Bukele permite que un policía o soldado detenga a cualquier persona sin tener una orden judicial, lo cual suspende derechos humanos y constitucionales, entre ellos la obligación de presentar a cualquier persona detenida ante un juez dentro de las 72 horas posteriores a su detención. Más poder a las fuerzas represivas, más impunidad.

Es evidente el ambiente de persecución, terruqueo y criminalización contra quienes piensan distinto o enarbolan el momento constituyente. Por ello, el solo plantear la posibilidad de replicar el plan Bukele evidencia que las fuerzas de facto están dispuestas a volver a imponer el terrorismo de Estado de los años ochenta para la profundización del neoliberalismo a cualquier costo. Siendo la negación de la memoria y la imposición del miedo un mecanismo para justificar la represión.

El aniversario veinte de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) estuvo precedido por la publicación por el Congreso de la República de un libro de Fuerza Popular que presenta al exdictador Alberto Fujimori como un héroe y no como lo que es: un criminal sentenciado por sus crímenes contra los derechos humanos.

Son los negacionistas de siempre, que pretenden reescribir la memoria de las masacres en comunidades indígenas, las violaciones sexuales como arma de guerra, los cientos de secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, cremaciones de cuerpos, fosas comunes que fueron la esencia de la sistemática política antiterrorista del Estado en veinte años de violencia política. Todavía hay madres, esposas, hijas, que buscan a sus desaparecidos. Y las heridas seguirán abiertas. No habrá paz y menos reconciliación mientras no haya justicia. Por el contrario, el derecho a la justicia se vulnera sistemáticamente. Como ocurre con el caso Saweto, en el que cuatro líderes indígenas fueron asesinados y se ha anulado la sentencia dictada contra los responsables de este delito.

Esta persistente negación de la memoria y el énfasis en la inseguridad ciudadana están claramente vinculadas a la intención de imponer una historia oficial de los asesinatos de la dictadura actual encabezada por Dina Boluarte y su presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, del afán de seguir premiando a las fuerzas represivas por sus crímenes.  Para los pueblos indígenas los 200 años de República han sido una dictadura de clase, la de los grandes empresarios que ponen o sacan a presidentes.

La crisis es estructural, para enfrentarla hay que emprender cambios estructurales. Desde nuestra memoria de lucha y resistencia, esa que no podrán clausurar porque las mujeres indígenas la transmitimos y valoramos desde hace más de quinientos años. No permitiremos que el miedo se imponga sobre la verdad y la justicia.