El Congreso de la República ha promulgado por insistencia la “Ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural (CAD) y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana”, Ley 31494. Esta norma promueve un paramilitarismo financiado por el Estado y el sector privado, vulnera nuestros derechos de pueblos indígenas a la autonomía, al sistema de justicia propio y al consentimiento previo, libre e informado, generando paralelismo a las formas legítimas y legales de organización que tenemos según el marco normativo constitucional e internacional.