Nuestros hermanos y hermanas de la Comunidad Nativa Caimito, del pueblo Shipibo Konibo, están enfrentando una grave situación de invasión y difamación debido a la presencia de menonitas en su territorio. Este despojo ha sido generado y avalado por la Dirección Regional de Agricultura (DRAU) al entregar parcelas en territorios ancestrales que pertenecen a los pueblos indígenas, ignorando nuestros derechos colectivos e individuales, y la integridad de las comunidades indígenas.
Los menonitas, desde 2017, han ingresado ilegalmente y deforestado grandes áreas de bosques primarios para sus actividades agrícolas y ganaderas, ignorando una orden judicial de cese de actividades emitida en 2023. Esta situación se ha agravado hasta ser un conflicto prolongado y profundo.
Los guardias indígenas de Caimito y comunidades nativas aledañas del Lago Imiria, cansados de la continua deforestación y destrucción de su territorio integral ancestral, así como de la inacción de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, DRAU, han intervenido para desalojar a los menonitas que han invadido sus tierras. Esta decisión se tomó después de repetidas solicitudes para que los menonitas abandonaran los territorios del pueblo indígena Shipibo-Konibo de Caimito, Buenos Aires y Nueva Dinamarca, todas comunidades invadidas bajo un esquema de tráfico de tierras ampliamente documentado.
Esta no es la única forma de despojo que vienen enfrentando la comunidad nativa Caimito y aledañas, la cual ha sido permitida, por inacción o complicidad, desde el Estado. Recordemos que, en el 2022, las mismas comunidades protestaron durante semanas contra el Área de Conservación Regional – Imiria (ACR – Imiria), un mecanismo para administrar territorios por parte del Estado que vulnera derechos y despoja de sus territorios a los pueblos indígenas. Hace dos años, comuneros y comuneras denunciaron que la deficiente administración del ACR había acrecentado las actividades extractivas e ilegales en estos territorios, entre ellas el narcotráfico y deforestación. La situación no cambia hasta hoy.
Frente a ello, es urgente que se tomen medidas para resolver este conflicto, detener la invasión y restaurar los derechos territoriales de la comunidad Caimito y comunidades aledañas. No es la primera vez que los menonitas se ven envueltos en delitos ambientales. En la mayoría de los países donde se han establecido también han sido acusados de despojo territorial, deforestación y contaminación. Asimismo, es necesario detener las amenazas que enfrentan las comunidades por el narcotráfico y la deforestación.
Esta situación ocurre en un escenario donde no existen garantías para la defensa del territorio y derechos por parte de dirigentes y pueblos indígenas. Hace una semana, Mariano Isacama, dirigente Kakataibo, fue asesinado y ya son más de 40 comuneros o dirigentes indígenas que son asesinados o amenazados desde el 2020.
Las hermanas y dirigentas del pueblo Shipibo Konibo que están en la zona enfatizan la necesidad de una intervención inmediata para proteger los derechos y el territorio de la comunidad.
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