El Congreso acaba de dar un golpe brutal contra los pueblos indígenas y las organizaciones sociales: con la modificación de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), ahora está prohibido usar financiamiento para presentar demandas contra el Estado. Nos han arrebatado el derecho a la justicia.
Esta ley consolida la persecución y el autoritarismo en un país donde más de 60 hermanos fueron asesinados sin justicia y donde la represión es la única respuesta del gobierno. Nos quieren sin herramientas para resistir y sin posibilidad de denunciar los abusos del Estado.
Los procesos judiciales que han permitido frenar atropellos contra nuestros territorios y exigir el reconocimiento de nuestros derechos quedan en riesgo de paralizarse. La cooperación internacional ha sido clave para costear asesoría legal y llevar adelante litigios que el propio Estado nos niega. Ahora, el Congreso nos cierra esa puerta y nos deja en una situación de vulnerabilidad extrema.
Esta es una medida arbitraria y perversa que criminaliza la defensa de los derechos humanos y somete a las organizaciones a un control absoluto. No es solo una restricción administrativa, es un ataque frontal contra nuestra existencia, nuestra lucha y nuestro futuro.
Desde ONAMIAP, rechazamos este intento de silenciarnos y exigimos que el Ejecutivo observe la autógrafa. No nos rendiremos. Exigimos respeto por la autonomía de los pueblos y mujeres indígenas, nuestro derecho a organizarnos, expresarnos y acceder a la justicia sin represalias.
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