Pueblos indígenas en lucha contra leyes que vulneran nuestros derechos
Las organizaciones indígenas nacionales del Perú hemos alzado nuestra voz contra la modificatoria de la Ley N° 27692 (ley que regula la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI) y una serie de iniciativas legislativas que amenazan directamente nuestros derechos y autonomía. En una conferencia de prensa, realizada el 18 de marzo, denunciamos que el Estado busca restringir nuestro acceso a la justicia y desconocer nuestras estructuras organizativas, debilitando nuestra capacidad de defensa.
El Congreso ha aprobado la modificatoria de la Ley N° 27692, conocida como Ley Mordaza, imponiendo nuevas restricciones que buscan silenciarnos y criminalizarnos por defender los derechos humanos. Esta propuesta legislativa afecta directamente a nuestros pueblos y nuestras organizaciones representativas, intentando frenar nuestro derecho a organizarnos y gestionar recursos para la defensa de nuestros territorios.
Si se aprueba esta ley, se paralizarán más de 30 procesos judiciales impulsados por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) en defensa de nuestros hermanos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI). También se verán afectados los casos de líderes indígenas asesinados que no han encontrado justicia en el Perú, pues no podremos recurrir a instancias internacionales.La impunidad se fortalecerá, dejando en el olvido los crímenes contra nuestros hermanos y hermanas que han dado su vida en defensa de nuestros territorios.
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) advirtió que no podrá continuar con sus peticiones de consulta previa sobre proyectos mineros que afectan a nuestros pueblos y tampoco podrá cuestionar leyes en discusión en el Congreso. En resumen, muchos casos judicializados quedarán bloqueados o no podrán continuar con esta modificatoria.
“No nos preocupa esta ley porque el flujo de la cooperación internacional llegaría con controles a las organizaciones indígenas sino porque esta modificación de la ley APCI constituye para nosotros una mordaza: buscan callarnos, debilitarnos y allanar el camino, a través de esta norma, para que las grandes empresas lleguen al territorio de los pueblos indígenas y puedan explotar nuestros recursos sin control. Esta norma busca que al Estado no se le fiscalice, no se lo critique, no se le judicialice, cuando salimos a protestar. Y cuando el Estado vulnera derechos colectivos fundamentales, esta ley impediría denunciar, para que los pueblos indígenas sean asesinados, sean vulnerados. Esto es muy grave”, manifestó el apu Jorge Pérez, presidente de AIDESEP.
Asimismo, alertó que el Congreso sigue legislando en contra de nuestros derechos, limitando nuestra fiscalización y organización. Esta normativa es inconstitucional por no haber sido sometida a consulta previa, por lo que exigimos al Ejecutivo que la observe. De lo contrario, acudiremos a instancias internacionales.
La Confederación Nacional Agraria (CNA) consideró que esta ley forma parte de una estrategia de represalia contra nuestros pueblos, que en el pasado hemos logrado anular leyes inconstitucionales mediante litigios. "Quieren desaparecer nuestras organizaciones, acusándonos de delitos inexistentes", denunció el representante de la CNA, Antolin Huascars.
La Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP) destacó la contradicción del Estado: mientras promueve leyes contra nuestros pueblos, no sanciona los crímenes ambientales que destruyen nuestros territorios. "Protegemos el agua, las semillas y ahora quieren invadir nuestros territorios sin nuestro consentimiento", advirtió su presidenta, Lourdes Huanca.
Asimismo, ONAMIAP alertó sobre la intención del gobierno de debilitar nuestra organización. "Si el Ejecutivo no observa esta ley, tomaremos medidas de acción directa. No permitiremos que sigan vulnerando nuestros derechos a la vida, al territorio y a la consulta", afirmamos.
“Se oye que esta modificatoria es una ley anti-ONG, pero no solo afectaría a las ONG sino a nuestras organizaciones indígenas, que venimos organizándonos con el único objetivo de hacer respetar nuestros derechos. En otros países, las federaciones y las organizaciones nacionales tienen un respaldo y se les asigna un presupuesto para que puedan gobernar su autonomía, pero en nuestro país no pasa eso y tenemos que recurrir al apoyo de la cooperación internacional. Además, esta ley ha sido aprobada sin respetar el proceso de la consulta previa a los pueblos indígenas, por lo que es inconstitucional”, explicó Danitza Quispe, dirigenta de ONAMIAP.
En tanto, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) enfatizó que la cooperación internacional ha asumido funciones que debería cumplir el Estado en la protección de nuestros pueblos. "El Estado no nos protege; en cambio, criminaliza nuestras luchas y busca desarticular nuestras estructuras comunitarias", precisó a través de un video el presidente de CONAP, Oseas Barbarán.
Desde la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) advertimos que esta ley fomenta la impunidad estatal, permitiendo la vulneración de nuestros derechos colectivos. "Es una renuncia del Estado a su obligación de proteger la libertad y la paz de nuestros pueblos. Constituye un paso más hacia la dictadura legalizada", declaró el representante de UNCA, Edwin Gutiérrez.
En los últimos años, hemos logrado precedentes históricos en la defensa de nuestros derechos, como la sentencia EXP 08243-2017, que obliga al Congreso a cumplir con la consulta previa legislativa, y la sentencia 00007-2022-PI/TC del Tribunal Constitucional, que derogó una ley por falta de consulta. Si la "ley mordaza" estuviera vigente, estos logros no habrían sido posibles, dejando en total indefensión a nuestros pueblos frente a los atropellos del gobierno.
Durante la conferencia de prensa, reafirmamos nuestra postura de rechazo absoluto a esta ley y anunciamos que tomaremos todas las acciones necesarias para impedir su implementación. No permitiremos que el Estado nos prive de nuestro derecho a organizarnos y defender nuestros territorios. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a solidarizarse con nuestra lucha y a exigir junto a nosotros el respeto de nuestros derechos fundamentales.
¡No a la Ley Mordaza! ¡No nos callarán!
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