El derrame de seis mil o más barriles de petróleo en la refinería La Pampilla, a cargo de la empresa Repsol, y sus consecuencias en Ventanilla y Ancón, han causado la justa indignación del país. Sin embargo, en la Amazonía estos hechos se repiten desde hace cincuenta años, afectando las vidas, la salud y los medios de subsistencia de los pueblos indígenas, vidas tan valiosas como la de los pescadores afectados por Repsol.
Desde el año 1997 hasta el primer trimestre del año pasado, se han producido 1002 derrames petroleros, de ellos 566 en la Amazonía, donde el 65% de estos derrames fueron producto de fallas operativas y de la corrosión del Oleoducto Norperuano. Es decir, pudieron prevenirse y hay responsables identificados. El 94% de estos derrames son responsabilidad de la empresa Pluspetrol.
Estas cifras son resultado de un estudio elaborado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Oxfam, titulado La sombra de los hidrocarburos en el Perú. Además de los 566 derrames en la Amazonía, en el periodo señalado se han producido 404 en la zona marítima, 5 en la zona andina por donde pasa el oleoducto, además de 27 en Piura, Lambayeque y Cajamarca.
Durante la pandemia, la actividad petrolera ha seguido sembrando desastres. Entre marzo del 2020 y julio del 2021, según Ojo Público, se produjeron 45 derrames petroleros solo en Loreto. Y en menos de un mes, de acuerdo con el Observatorio Petrolero de Puinamudt ya se han producido otros cuatro derrames: 27 diciembre 2021: cuenca del río Tigre; 31 de diciembre 2021: uno en la cuenca del río Corrientes y otro en Santa María Nieva; 13 de enero 2022: uno en el río Huangayanacu.
Todos estos derrames envenenan los ríos amazónicos, cuyas aguas beben los pueblos indígenas y de cuyos peces se alimentan. Es decir, les dejan sin agua y sin comida. Están comprobados los altos niveles de metales pesados como arsénico, plomo y cadmio en la sangre de los pueblos afectados.
Lo indignante es la respuesta o falta de respuesta del Estado. ¿Qué sanciones efectivas han recibido las empresas responsables? ¿Qué medidas efectivas de reparación de la salud y de las aguas se han realizado? Lo más grave es que se celebre que se contrate a los pescadores afectados en La Pampilla para la limpieza, exponiéndolos aún más a los efectos de la contaminación. Y lo mismo hacen las empresas responsables de los derrames petroleros en la Amazonía, donde contratan a comuneros para hacer esa limpieza, sin medir las consecuencias en la vida y la salud de los pueblos indígenas.
No solo lo hacen las empresas petroleras. Es una práctica racista y criminal que también tiene historia en las empresas mineras. El 2 de junio del 2000, un camión de transporte de la Minera Yanacocha produjo el derrame de 151 kilogramos de mercurio en Choropampa, Cajamarca, afectando a más de mil personas. Cuando se denunció este hecho, empezó a pagar una mínima cantidad a hombres, mujeres y niños, por cada porción de mercurio que recogían, envenenándolos más. Las consecuencias en su salud fueron brutales.
Desde ONAMIAP, demandamos a los movimientos sociales exigir justicia y reparación para todas las víctimas de los derrames petroleros producidos durante medio siglo en el Perú. Esto implica investigación exhaustiva, sanciones efectivas a las empresas responsables, medidas efectivas de salud para las personas afectadas por metales pesados y sustancias tóxicas, que no se las utilice en acciones de limpieza que las envenenan más. Todas las vidas son valiosas. Basta de silencio, indiferencia e impunidad. ¡Justicia ahora!
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