La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) expresa su firme rechazo a la modificación de la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), impulsada por el Congreso de la República. Esta reforma pone en grave riesgo los derechos de asociación y participación de las organizaciones sociales, especialmente de los pueblos indígenas, quienes hemos sido actores clave en la defensa de nuestros territorios, culturas y derechos humanos.
La coalición autoritaria que sostiene la dictadura de Dina Boluarte
La dictadura de Dina Boluarte se sustenta en una coalición autoritaria que ha consolidado alianzas de conveniencia con el Congreso, el Poder Judicial, los medios de comunicación y otros actores políticos. A pesar del rechazo generalizado y la crisis política, esta situación ha logrado mantenerse en el poder mediante mecanismos de control y represión, sofocando las protestas y las demandas ciudadanas con más de 60 civiles asesinados.
Este contexto ha propiciado la reactivación de propuestas legislativas como la modificación de la Ley APCI, parte de un plan más amplio para restringir las libertades fundamentales de las organizaciones sociales, particularmente las que defienden los derechos de los pueblos indígenas. Esta modificación obliga a las organizaciones de la sociedad civil a inscribirse en un registro controlado por la APCI y les impone sanciones arbitrarias, poniendo en peligro su capacidad de operar de manera autónoma y participar activamente en la defensa de sus derechos.
Como se ha advertido en diversas ocasiones, esta medida facilita la disolución de organizaciones bajo el pretexto de "afectar el orden público", funcionando como un mecanismo de censura y criminalización contra quienes defendemos nuestros derechos y los de la Madre Naturaleza.
La intervención del Congreso en competencias exclusivas del Ejecutivo
La situación se agrava con el reciente debate en el Congreso sobre un dictamen que modifica las normas de Cooperación Internacional. Este proyecto consolidará varias iniciativas (PL 06162, PL 06252, PL 07140, PL 07367 y PL 07354) que buscan limitar y controlar la actuación de organizaciones de la sociedad civil, incluidos medios alternativos, gremios y ONGs, restringiendo el derecho de los pueblos indígenas y otros sectores a expresar sus opiniones sobre políticas públicas que afectan a nuestras comunidades.
El dictamen ignora sentencias del Tribunal Constitucional y desestima las opiniones de instituciones clave como la APCI, la SUNAT y la UIF, cuyas funciones se verían gravemente afectadas. En lugar de promover transparencia, establece sanciones excesivas que permitirían la disolución de organizaciones de manera subjetiva y arbitraria, afectando la autonomía de los pueblos indígenas y su capacidad de organizarse y movilizarse en defensa de sus derechos.
La experiencia internacional como alerta
La historia reciente de otros países de la región, como Paraguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Rusia, muestra cómo reformas aparentemente inocentes pueden ser el primer paso para eliminar la participación ciudadana y abrir la puerta a la corrupción sin ningún tipo de cuestionamiento o supervisión.
Desde ONAMIAP, reiteramos nuestra demanda de derogación de esta modificación de la ley y nos sumamos a las más de 70 organizaciones de la sociedad civil que se han pronunciado en contra de esta medida. Exigimos que este proyecto de ley no sea aprobado sin consulta previa y consentimiento de los pueblos y las mujeres indígenas. Esta es una lucha en defensa de nuestros derechos, nuestros territorios y nuestras voces. No permitiremos que nos callen.