El Centro Internacional de la Papa ha anunciado el desarrollo de papas con características idóneas para fritura, las cuales serán liberadas en el Perú. Este es un atentado contra nuestro derecho a la seguridad alimentaria y nutricional, derecho reconocido en diversos instrumentos internacionales de los cuales el Perú es Estado parte.
El argumento es que el Perú importó cerca de 10 millones de kilos de papas prefritas solo en los primeros cuatro meses del 2020, una inversión de más de 8 millones de dólares, para abastecer la demanda de papas fritas del mercado nacional. Y que es necesario cubrir dicha demanda.
Veamos. La seguridad alimentaria y nutricional (SAN) solo es posible cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana (Cumbre Mundial de la Alimentación, 1996). Y la soberanía alimentaria es el derecho a decidir qué alimentos producir, cómo y cuándo producirlos, cómo distribuirlos y cómo consumirlos.
Un elemento clave para lograr la SAN es no solo garantizar el acceso a los alimentos sino que estos sean inocuos (no dañinos) y nutritivos. Las papas fritas no lo son, menos aún si, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Salud, en el Perú el 69.9% de adultos padece de sobrepeso y obesidad, males que afectan al 42.4% de jóvenes, al 32.3% de escolares, al 33.1% de adultos mayores y al 23.9% de adolescentes”.
Otro elemento clave es el de las preferencias alimenatrias, esto significa que sean culturalmente adecuados y acpetados. Las papas fritas, definitivamente, no forman parte de la dieta alimenticia ancestral de los pueblos y las mujeres indígenas.
El Instituto Nacional de Investigación Agraria tiene registradas 6408 variedades de papa nativa. El Perú es el principal productor de papa en América Latina. La introducción de esas papas modificadas genéticamente para freírse puede ocasionar la pérdida de esas variedades, con nuevos monocultivos. Todo esto porque se privilegia la producción para la venta, para la acumulación de capital, y no para la alimentación.
En julio del 2021 se promulgó la Ley 31315, Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, pero hasta hoy no se reglamenta. Porque la SAN no es prioridad del Estado, porque el Estado define sus políticas de acuerdo a los intereses del sistema, no de las vidas, no de nuestra diversidad biologica y cultural. No de nuestros derechos.
Por eso la agricultura de nuestras comunidades está abandonada. Pro eso se sigue priorizando la agroindustria. Exigimos investigar e informar los impactos que esta variedad desarrollada para cubrir la demanda de papas fritas puede ocasionar en nuestros sistemas alimentarios. Y ante la amenaza cada vez más grave de una crisis alimentaria provocada por la pandemia de Covid 19 y agravada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, principalmente en la lo relativo a la importación de cereales y fertilizantes, exigimos que el Estado cumpla con el deber de garantizar nuestro derecho a la alimentación, la vida y la salud.
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