El gobierno presidido por Pedro Castillo cumple un año. Un año en el toda la violencia racista y el odio de clase ha agudizado la inestabilidad política de un país en el que los poderosos de siempre y sus representantes políticos han expresado abiertamente que están dispuestos a todo para conservar y profundizar su sistema de opresión. Y un año, también, en el que la esperanza por el cambio fue transformándose, una vez más, en decepción.
El racismo y el odio de clase se dejaron ver con claridad desde antes, durante la campaña de la segunda vuelta electoral. No podían aceptar que un profesor de origen campesino llegara al gobierno. No podían aceptar que se toque, ni con el pétalo de una rosa, toda esa estructura del Estado heredada de la dictadura fujimorista para que la vulneración de derechos y la corrupción continúe enriqueciéndolos.
Mientras recurrían a todo tipo de argucias para deslegitimar los resultados electorales, sacaban a sus bandas de sicarios a las calles para agredir, física y verbalmente, a quienes defendían sus votos. Esas bandas continuaron con sus ataques después del cambio de mando. Y aunque se sabe quiénes son, no hay un solo detenido y menos procesado. ¿Por qué esta impunidad?
Tras el cambio de mando, desde el Congreso, el fujimorismo y sus aliados se dedicaron a acosar al gobierno: censuras a ministros, pedidos de vacancia. Enviaron al archivo un proyecto de ley que propiciaría un cambio de Constitución. Aprobaron leyes nefastas, como la Ley CAD y la ley que elimina la educación sexual integral del currículo escolar, entre otras. Y propiciando el golpismo.
Se lo habíamos advertido a Pedro Castillo desde la campaña electoral de segunda vuelta: la presión sería muy fuerte. Y la única manera de resistirla era cumpliendo sus compromisos, apoyándose en los movimientos sociales. Le dijimos con toda claridad que no le dábamos carta blanca, que nuestros votos no eran incondicionales. Pero él no quiso entenderlo y fue retrocediendo cada vez más en esos compromisos.
¿Qué podemos esperar, en estas condiciones, del mensaje presidencial del 28 de julio? ¿Más retrocesos? ¿O un retorno claro y enérgico hacia las propuestas de cambio con la que conquistó nuestros votos? ¿Hasta cuándo resistirá las presiones de los empresarios, que ya le pidieron que “dé un paso al costado” y de la derecha articulada alrededor del fujimorismo?
Lo dijimos en su momento y lo ratificamos: no al golpismo que abriría las puertas para la reinstauración de la dictadura del fujimorismo y sus aliados. No más precarización de nuestros derechos. Sabemos que el cambio estructural no vendrá desde un gobierno, llámese de derecha o de izquierda, sino desde nuestras comunidades y organizaciones de pueblos y mujeres indígenas, articulándonos en un gran movimiento social para construir una nueva Constitución Política que abra el camino hacia el Buen Vivir / la Vida Plena.
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